La minería ilegal impulsada por bandas criminales -con el propósito de apropiarse del oro de la zona- ha tomado la provincia de Pataz, en la región norteña de La Libertad. Desde el 1 de septiembre del año pasado al 1 de febrero del presente, salieron 3,417 volquetes, con una carga de entre 20 y 30 toneladas cada uno, de las concesiones mineras Poderosa, Horizonte y Marza, sin que ninguno perteneciera o trabajara para las tres compañías, según se dio a conocer en un informe en el diario El Comercio, el domingo 11 de febrero último. Logrando encender las alarmas del Ejecutivo.

Esta ola delincuencial, del crimen organizado, al interior del país, ha puesto en alerta roja al gobierno, quien, en reunión de emergencia del Consejo de Ministros, no han tenido mejor opción política, para evitar un desmadre, que declarar en emergencia la provincia de Pataz, por 60 días, bajo el control de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional. Quienes se encargarán de imponer el orden y contener el avance de estas hordas asesinas, que provocaron diez muertos y mas de 14 heridos, en ese mismo lugar, a finales del año pasado.

Estas acciones de saqueo premeditado del oro de las minas (léase robo consumado) es -sin lugar a dudas- el modus operandi de bandas criminales que han tomado el territorio nacional como si se tratara de una zona liberada. A vista y paciencia de las autoridades gubernamentales (centrales, regionales y locales) que nada hacían por detener semejante latrocinio; como si fuéramos bárbaros que vivimos al margen de la ley, sin respetar ni haciendo respetar el orden establecido, dentro del Estado de Derecho, amparado constitucionalmente, como un pueblo civilizado.

Las Fuerzas Armadas que han tomado el control territorial de Pataz tienen un gran reto por delante, que esperamos lo sepan cumplir a cabalidad, dado el fracaso en otros lugares, como en los distritos de Lima, donde las declaratorias de emergencias, por parte del gobierno central, fueron un saludo a la bandera, ante el desborde delincuencial. No han resuelto nada. Y la población sigue desprotegida, expuesta al vandalismo salvaje.

Esto que está sucediendo en el norte del país es sumamente grave, que pone en riesgo la estabilidad jurídica y el orden constitucional que sostiene al Estado y la Nación. Si no le ponemos coto de manera oportuna seguirá escalando a situaciones incontrolables. Impulsando la violencia social, el pillaje vandálico y el caos generalizado. Sumiendo al país entero en un estado de desorden total, sin autoridad y sin gobierno. Una anarquía. ¡Cuidado! Estamos avisados ante el eminente peligro.

La inseguridad en la que trabaja el sector minero –baluarte estratégico de la reactivación económica esperada- ahuyenta la inversión privada que tanto necesitamos para promover el empleo y el consumo. No es posible avanzar empresarialmente con una carga de sobre costo excesivo, producto del incremento desmedido para atender la seguridad empresarial, sin el apoyo legítimo del Estado. Un representante de la minera La Poderosa, manifiesta que “desde antes de la pandemia hasta la fecha hemos pasado de tener 167 agentes a 1200. Elevando, de tal manera, nuestro presupuesto de gasto en seguridad privada de 6 millones a 33 millones de soles”.

Esta situación alarmante, de la minería ilegal, es una lucha frontal contra el crimen organizado, que está tomando territorio y poder al interior de nuestro país, creando zonas liberadas, como en los años 80 lo hizo Sendero Luminoso, con sus desvaríos ideológicos terroristas, que parecían cercarnos, intensificando sus acciones violentas en Lima. Sin embargo, fueron derrotados. ¿Cómo lo hicimos? Con estrategia en base a inteligencia. ¡No hay otra! La única forma de derrotar a las bandas criminales que generan violencia y zozobra en la población. Para ello debemos reinstalar y repotenciar el Gein, convocando a los mejores cuadros de la Policía Nacional, y dotándola de mejor presupuesto.

Hay que tener en consideración que estas organizaciones criminales que operan en el sector minero, se apoyan en los mineros pequeños y artesanales, que están inscritos en el Reinfo, y los utilizan como una plataforma para sus fechorías. Obligándolos a que colaboren con sus actos delincuenciales. También, hay que diferenciar entre los mineros informales y la minería ilegal. Los primeros actúan por necesidad de sobrevivencia, ya que no cuentan con el apoyo del Estado, los segundos son delincuentes, criminales, actúan al margen de la ley, en bandas organizadas.

Es mas, para combatirlos con acierto hay que tener en cuenta que son organizaciones criminales con poder económico, que han acumulado ingentes recursos financieros en los últimos años, según informes dados a conocer por la Unidad de Inteligencia financiera(UIF), quienes señalan que en el 2021 fueron a parar a su arcas alrededor de 3mil 500 millones de dólares, producto del comercio del oro, y el 2022, sobrepasó los 4 mil 500 millones de dólares, producto de la diferencia del oro no declarado ante el Minen, de 78 TMF (Toneladas Métricas Finas).

Además, hay que tener en consideración, que el poder económico corrompe autoridades. En tal sentido, estos granujas, organizados en bandas criminales han infectado distintas instituciones estratégicas del Estado, corrompiendo a diestra y siniestra a altos funcionarios de la élite política y burocrática. Por lo que se nos impone una lucha frontal contra la corrupción, si en verdad queremos deshacernos de esta lacra, que finalmente, pone en jaque la estabilidad democrática de la nación. Algo sumamente peligroso. Ya hemos visto, como organizaciones criminales quisieron tomar el poder político, en la hermana república del Ecuador.

(*) Periodista