Con la extensión de la vigencia por un año más, del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por parte del Congreso de la República, con la anuencia del Gobierno Central; queda corroborado y confirmado que estas instituciones tutelares del Estado, no tienen ningún interés en ordenar jurídicamente -con respeto a la norma y la ley- la explotación en el país, de la actividad minera desarrollada por la Minería Artesanal y Pequeña Minería, que agrupa, en todo el territorio nacional a más de 500 mil personas que se dedican a esta actividad. Asimismo, se evidencia que el gobierno no tiene ningún interés, menos ganas de perseguir a los mineros ilegales (léase delincuentes), que se camuflan en esta disposición, para hacer su fechoría, promoviendo la violencia, desolación y muerte en el sector.

CON LEY MAPE, SE CAYÓ EL MINISTRO MUCHO

Esta situación es sumamente alarmante. El REINFO nada pudo hacer, de manera efectiva y contundente, -desde que se creó en junio del 2017-. En ocho años, tan solo de logró registrar a 90,265 mineros, de los cuales solo 2,108 lograron formalizarse. Ya que el problema es sumamente complejo, requiriendo el concurso de todos los sectores del Estado involucrados. Incluido, la sociedad civil y la academia. Sin embargo, los esfuerzos que se hacen por lograr el orden, queriendo imponer el principio de autoridad, en base a la defensa del Estado de Derecho, como la iniciativa presentada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) al Parlamento, es boicoteada, vilipendiada, logrando el desafuero del Ministro Rómulo Mucho, como titular de la Cartera.

Lo que sucede es que hay muchísimo dinero que se mueve en este negocio sucio. Tal es así que, algunos entendidos en la materia, sostienen que el comercio ilegal del oro, ha superado en rentabilidad tremendamente al narcotráfico. Moviendo, alrededor de 10 mil millones de dólares al año. Siendo el Crimen Organizado quien están tomando control. Es decir, las riendas de estas organizaciones sociales productivas, que trabajan de manera informal, explotando minerales codiciosos como el oro, el cobre y la plata. Además, estos malhechores, han logrado penetrar las instituciones tutelares del Estado Peruano, como el Congreso de la República, el Ejecutivo, el Poder Judicial, El Ministerio Público, La Policía Nacional, entre otros; que les facilitan sus movimientos, en función de sus intereses deleznables y oprobiosos; actuando de tal manera, en contra del interés nacional. Y todo ello sucede en base a la corrupción. ¡El dinero manda y ordena! Comprando servicios y conciencias a altos funcionarios.

MINERÍA ILEGAL AVASALLA MINERÍA INFORMAL

Al no haber una preocupación gubernamental y una atención debida, jurídicamente ordenada, por parte del Estado, los cientos de miles de trabajadores mineros artesanales y de pequeña escala, se sienten abandonados y desprotegidos; siendo presa fácil de estas poderosas mafias, que las someten y extorsionan, para que actúen -en base al miedo- en función de sus criminales objetivos. Es decir, son víctimas de estos hampones. Sin descartar, que hayan, algunos sectores que hacen alianzas conscientes, alevosas y premeditadas, ofreciendo su colaboración con estas bandas, en base a la necesidad. Aprovechando el sentido de oportunidad que se les ha presentado propiciando negocios maliciosos. Este escenario macabro, -sin orden, sin norma, sin ley- se presta para todo tipo de acciones indebidas. Reinando la impunidad. Ya que el accionar minero en estas circunstancias en que se opera no puede ser criminalizado, no habiendo delito de por medio.

Esto asusta verdaderamente. Somos humanos, Consideramos, asimismo, que vamos a ingresar a una fase de mayor violencia en el sector; generándose una espiral vertiginosa que no sabemos cuándo va acabar, mientras tengamos en la conducción del Estado Peruano a este gobierno inoperante, incapaz y cómplice de las barbaridades y latrocinios que se vienen cometiendo en la Industria Minera. Una administración que ha perdido legitimidad, al no tener apoyo social. El Parlamento, a las justas alcanza el 2% de aceptación, y el Ejecutivo un 6%. La ciudadanía, en una abrumadora mayoría, no se siente representada por este gobierno, impidiéndole gozar de autoridad.

Consideramos que la lucha perseverante por lograr avanzar en la formalización y dar marco jurídico a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, es una tarea inmediata ineludible, que el país entero, no debe cejar en su esfuerzo. Ya que esta situación intolerable -de seguir como esta- va a impedir el desarrollo y fortalecimiento de la Industria Minera en el país. Impidiendo, el destrabe de grandes proyectos que se encuentran paralizados.

FALTA DE SEGURIDAD AUYENTA LA INVERSIÓN

Asimismo, ahuyentará la inversión privada en el sector, al sentir los grandes capitales falta de seguridad jurídica que garantice sus inversiones. Eso inevitablemente contraerá el empleo, y como consecuencia el consumo interno, promoviendo y acrecentando la recesión. A pesar que tenemos controlada la inflación; debido a una política asertiva desarrollada por parte del Banco Central de Reserva, que impide una devaluación de nuestra moneda. Manteniéndose el sol como una moneda fuerte en la región.

Es necesario manifestar que el proyecto de ley del MINEM, presentado al Parlamento, no pretende en ningún momento quitarle las competencias -que por ley Orgánica- tienen los Gobiernos Regionales; cuya autoridad la ejercen, a través de la Dirección Regional de Minería (DREM), como es el seguimiento, supervisión, fiscalización y otorgamiento de licencias de funcionamiento y operatividad, a las actividades mineras artesanales y de pequeña escala, en sus respectivas jurisdicciones. Sin dejar de lado, las competencias y responsabilidades para formalizarlas, por parte del MINEM. Esto significa, profundizar el proceso de regionalización, trabajando la descentralización, que está avanzando muy lentamente. Y poco se ha concretado en más de 20 años.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Finalmente, queremos señalar, y dejar en claro, que la minería informal, secuestrada por la minería ilegal, en un gran porcentaje, en base a que ha sido avasallada por el capital sucio que manejan las mafias, ha cometido, atropellos invaluables y escandalosos latrocinios; depredando el medio ambiente, contaminando nuestros ríos y convirtiendo en desiertos nuestros bosques; arrasando la flora y fauna. Atentando salvajemente contra nuestros recursos naturales, ricos y variados. Que los han convertido en irrecuperables. Además, de haber pervertido a los grupos sociales de las zonas, promoviendo el sicariato, la trata de personas, el robo y la estafa. Considerándose todo ello una lacra, que perturba indubitablemente el crecimiento armónico de una nación. Por lo que es imprescindible -sin lugar a dudas- extirpar este tumor cancerígeno, que de no hacerlo a tiempo generará metástasis en el organismo social de nuestra nación; conduciéndonos hacia la descomposición, desaparición y finalmente la muerte. Esto, de manera definitiva no lo podemos permitir.

(*) Periodista