El pasado 15 de junio, el presidente del Congreso Eduardo Salhuana, dio por finalizada, la segunda legislatura ordinaria, correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2024-2025; anunciando la convocatoria a la instalación de la Comisión Permanente, de Junta de Portavoces. No habiéndose podido lograr debatir y aprobar -después de constantes suspensiones- en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, presidida por el congresista Paul Gutiérrez Ticona, el pre-dictamen de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala(MAPE). Habiendo podido pasar y quedar lista (esta nueva propuesta de ley) para su debate y aprobación definitiva en el Pleno del Congreso de la próxima legislatura. Sin embargo, esto no ha sucedido; siendo el deseo urgente -por parte del Ejecutivo- de que se tenga una ley MAPE, antes de que finalice el año 2025, ya que el 31 de diciembre del 2025 debería de finiquitar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que fue una opción transitoria -que permitió manejar la informalidad del sector- desde el 2012. Sin embargo, tal con van las cosas, para los entendidos en la materia, esta meta, continuará siendo una ilusión peligrosa para el Estado peruano.

MINERÍA INFORMAL MUEVE 11 MIL MILLONES DE DÓLARES

Consideramos que la promoción -por parte del Estado peruano- de la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, actividad desarrollada en todo el territorio nacional por alrededor de un millón de productores informales que existen en el país; y mueven alrededor de 11 mil millones de dólares, produciendo el 60 % del total de producción anual de minerales en el país, (estando la mayoría de ellos organizados gremialmente en la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú. CONFEMIN-PERU) es una necesidad estratégica, que ayudaría significativamente a dar estabilidad y sostenimiento a la Industria Minera en general en el Perú de manera integral. Garantizando el desarrollo y crecimiento económico de las fuerzas productivas que sostienen la nación. Más aún, si esta formalización, se realiza de manera planificada, coherente y con justicia social. Como debería ser. Con la participación de todos los actores involucrados. Teniendo en consideración, que este vasto sector social y económico ha estado durante décadas abandonado; excluido en su desarrollo, promoción y protección por parte del Estado, partiendo de allí los continuos desencuentros (léase conflictos sociales), al sentirse apartados; actuando por su cuenta al margen del Estado de Derecho. Sin ajustarse a la ley, el reglamento y la norma jurídica. Habiendo llegado el momento oportuno e histórico, de promover políticas de inclusión social minera, que exigen las actuales circunstancias, permitiéndonos, dichas actitudes, asimismo, fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones tutelares, soportes seguros de una sociedad competitiva y civilizada.

¿QUIÉN ES PEQUEÑO MINERO Y MINERO ARTESANAL?

Es necesario precisar, para contextualizar la situación: ¿Quién es considerado pequeño minero? Aquel productor de minerales que posee denuncios, petitorios, concesiones mineras, y/o tiene suscritos acuerdos o contratos con titulares, no mayor a 2,000 hectáreas. Asimismo, debe tener una capacidad instalada de producción y/o beneficio de hasta 350 toneladas métricas por día. Siendo diferente su situación la de un Minero Artesanal; quien es considerado como tal, cuando posee hasta 1,000 hectáreas, y su capacidad productiva instalada, no supera las 25 toneladas métricas al día. Según lo establecido por el Reglamento de Ley General de Minería.

Este retraso significativo que estamos viendo, con respecto al avance y desarrollo de la Ley MAPE- ya que estamos en una carrera contra el tiempo- se debe a intereses contrapuestos de sectores interesados que no logran conciliar objetivos comunes, que impiden lograr alcanzar consenso. Sin embargo, los que de verdad desean incorporarse a la formalidad son conscientes que están en la obligación de arribar a entendimientos justos y necesarios, que permitirá ordenar de manera definitiva y para siempre el sector. Estando el Estado, en la obligación técnica y política de facilitar la transición, con el propósito de incrementar la recaudación fiscal, ampliando y ordenando el mercado. Asimismo, lograr la pacificación, controlando y disminuyendo la violencia, promovida por organizaciones criminales que han invadido la industria minera, a través de la pequeña minería y minería artesanal, pretendiéndose confundir con los productores informales. E allí la diferenciación categórica que debemos hacer, con precisión matemática, de productores informales, de saqueadores ilegales (léase delincuentes). Habiendo estos últimos penetrado a las instituciones tutelares del Estado peruano en base al poder económico, con sobornos; comprando conciencias de malas autoridades.

LA TRAZABILIDAD FACTOR DETERMINANTE

En tal sentido, el imperio y la práctica de la trazabilidad es determinante y necesaria. Siendo imprescindible para garantizar la legalidad, la transparencia y sostenibilidad de la actividad minera; rastrear el origen y la trayectoria de los minerales a lo largo de toda la cadena de suministros. Es decir, desde la mina (donde se produce) hasta el producto final (donde se vende). Todo ello incluye registrar y controlar cada etapa de producción, procesamiento, transporte y comercialización. Esto es lo que se pretende realizar con rigor en Pataz, a partir de ultimo acto criminal registrado en un socavón, donde 13 trabajadores fueron vilmente asesinados por bandas criminales.

Hay que tener en consideración que la actividad minera informal en el país no es un problema económico y social reciente, sino que es un subproducto de la informalidad generalizada que padece el país en su conjunto en diversos sectores productivos, desde hace varias décadas, que sobrepasa el 70%. Debido a que tenemos instituciones débiles, incapaces de ejercer supervisión y aplicación de la ley. Además, por la escasa y limitada producción de empleo en el mercado laboral formal. Asimismo, no hay incentivos para la formalización, siendo complejos y costosos los procesos. En tal sentido, somos un país informal, que requiere reformas profundas y una reestructuración. Lo que sucede es que en el sector minero escaló de manera escandalosa, con el alza continua del precio internacional del oro, que promovió la ambición desmedida y la intromisión delincuencial de organizaciones criminales transnacionales, que han empezado a generar terror y muerte; promoviendo trata de personas, sicariato, extorsión, homicidio, robo de tierras, invasiones, evasión tributaria y lavado de activos. Es decir, la situación se complicó. Principalmente en la minería, constituyéndose en un problema extremadamente complejo, que necesita soluciones inteligentes y sabias.

INCLUSIÓN SOCIAL MINERA

Finalmente, sostenemos, que la formalización minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que está en marcha; tendrá sostenibilidad cuando el Estado peruano asuma la responsabilidad de desarrollar políticas públicas de inclusión social minera, que deberán avizorarse en la Ley MAPE, debiendo el país hacer un esfuerzo monumental para que se apruebe y promulgue este año 2025.

Cuando nos referimos a políticas públicas mineras de inclusión social, nos referimos al desarrollo del apoyo integral, a la producción y el desarrollo de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala, apoyándola no solo financieramente, otorgando líneas de créditos a través del Banco del Nación, con bajas tasas de interés; sino también, promoviendo la capacitación y calificación de los recursos humanos; incentivando la investigación y el desarrollo tecnológico, trabajando de la mano con la academia; así como, promoviendo la comercialización y la búsqueda y ampliación de mercados. Desarrollando infraestructura, instalaciones de agua potable y alcantarillado, luz eléctrica, como también, construyendo vías de comunicación, carreteras, que optimice la interconexión. Promoviendo la inversión pública y privada en las zonas de influencia minera, levantando escuelas y hospitales. Promoviendo y garantizando la educación y la salud de calidad a mediano y largo plazo. Es decir, elevando la calidad de vida de la población. Actuando de tal manera, garantizaremos la sostenibilidad del quehacer minero y su desarrollo en el futuro, asegurando una minería limpia, disminuyendo -con uso de la tecnología- impactos negativos medios ambientales, protegiendo y cuidando los ecosistemas.

(*) Periodista