Mañana viernes 25 de julio, a pocos días de nuestro aniversario patrio, se vuelven a reunir en Palacio de Gobierno -para continuar con el diálogo iniciado hace dos semanas, que se prolongará por espacio de dos meses, según lo pactado, en base a una tregua- el Ejecutivo y los representantes de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales (CONFEMIN-PERÚ), con el propósito de resolver agudas controversias que están generando conflictos sociales y lograr alcanzar un entendimiento sostenible y duradero entre las partes, en beneficio del país. Sin embargo, según los analistas más entendidos en la materia, consideran, en base a la realidad -por la extrema complejidad del problema- que difícilmente se logre alcanzar un final feliz. Logrando el entendimiento y la comprensión. Manifestando que el sector extractivo peruano necesita actualmente una profunda reforma jurídica, que permita reordenar el mercado, integrando a la pequeña minería y minería artesanal, en una nueva circunstancia, en la que se desenvuelve la Industria Minera.

Hay que tener en consideración que la realidad evidente del quehacer extractivo minero ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años, desde los inicios de la década del 90. Siendo imprescindible debatir seriamente lo que viene aconteciendo en la Industria Minera. En ese entonces -hace tres décadas- el Perú tenía, según reporte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 2 millones 300 mil hectáreas concesionadas. En la actualidad tenemos aproximadamente 20 millones de hectáreas concesionadas. Siendo administradas por solo 50 grandes empresas, que el estado les adjudicó por un periodo de 30 años; siendo solamente trabajadas entre dos y tres millones, aproximadamente, de las hectáreas otorgadas, en exploración y explotación, estando el resto en total abandono.

Esta situación se debe observar con rigor, debatir sin apasionamientos y corregir con precisión, dentro del estado de derecho, promoviendo una nueva legislación, modificando o dando una nueva Ley General de Minería. Para, de tal manera, lograr incrementar la rentabilidad, y elevar la producción del sector, en favor de aumentar los ingresos fiscales, en beneficio del estado, y, por ende, de la sociedad en su conjunto. En la medida que han aparecido, con un crecimiento abrumador, nuevos actores competitivos en el mercado, que desean trabajar, lo que no se está trabajando.

Prueba de ello, es que ese sector, llamado informal, agremiado en la pequeña minería y minería artesanal, ha crecido vertiginosamente, en estos últimos treinta años, generando una producción de minerales superior a la que produce la gran minería formal, promoviendo una descompensación peligrosa en los ingresos fiscales, que el Estado está obligado a enmendar y corregir, para poder captar ese beneficio económico, a través de impuestos.

El 60% del total la producción de minerales -principalmente oro, plata y cobre- es generado por la pequeña minería y minería artesanal, moviendo alrededor de 12 mil millones de dólares anuales. Teniendo entendido que son más de un millón los pequeños productores mineros que se dedican a esta faena en todo el territorio nacional. Habiéndose incubado, en las ultimas décadas un problema económico y social, que hoy nos explota en la cara, debido a la enorme crecida constante de los precios de los commodities en el mercado mundial, por su gran demanda global, debido a la transición energética.

A pesar que CONFEMIN exige en la mesa de diálogo instalada, tres puntos cardinales, estratégicos y determinantes en defensa de sus intereses, habiendo logrado poner contra las cuerdas a un gobierno débil e incapaz, sin legitimidad social, planteando la reincorporación inmediata de los más de 50 mil mineros excluidos del REINFO, por considerar que ha sido una injusticia, al no habérsele participado un debido proceso; así como la suspensión de la interdicciones a los pequeños mineros con Reinfo agremiados, aduciendo que no se los deja trabajar; y la urgente promulgación, en esta legislatura, de la Ley Mape. Consideramos, que estas legítimas exigencias, por parte de los mineros, no debe confundirse con bajar la guardia por parte del estado, en la lucha implacable contra la minería ilegal, que promueve el crimen organizado, la violencia, el terror y el vandalismo. Atentando contra la propiedad privada y el medio ambiente. Perpetrando la actividad minera en zonas prohibidas y vulnerables, poniendo en grave peligro los ecosistemas. Eso no lo debemos permitir. Actuando con firmeza para erradicarlos.

Finalmente, consideramos, que la situación que se va a vivir en torno a este singular problema minero, en los próximos meses, -antesala a las elecciones generales- van a ser complicadas. En tal sentido, el gobierno saliente, de la presidenta Dina Boluarte, va a tener que hilar fino, actuando con prudencia y ponderación, para no sufrir un desborde popular, que podría comprometer seriamente su existencia gubernamental. Teniendo en consideración que no tiene respaldo popular. Toda la ciudadanía la rechaza, queriendo ardientemente que se vaya lo más antes posible. El pueblo está harto con su presencia. Por eso en todas las presentaciones públicas termina mal parada, siendo abucheada.

Esto, muy bien lo saben lo dirigentes de CONFEMIN, teniendo una oportunidad a favor para negociar y dialogar con ventaja. Además, tienen un movimiento gremial bien organizado a nivel nacional, que realizan desplazamientos, plantones y movilizaciones estratégicas, que jaquean continuamente al gobierno. Y saben, asimismo, que son una fuerza social electoral, que podría determinar quién va hacer el futuro presidente de la nación en los próximos comicios generales. Con una influencia en más de 3 millones de electores.

Terminamos este análisis, creyendo sinceramente -coincidiendo con algunos analistas especializados- que esta legislatura congresal, que se instala en este mes de julio no va a lograr sacar adelante la Ley Mape. Abocándose, desde nuestro particular punto de vista, a debatir, más bien, una nueva prórroga del REINFO. Dejando el encargo al nuevo gobierno electo, y a las nuevas autoridades que asuman la representación nacional en el Congreso de República, en sus dos cámaras: Diputados y Senadores, que serán instaladas, a partir del 28 de julio del 2026. Ya que la resolución del problema es bastante delicado y comprometedor, habiéndose convertido en una papa caliente, que nadie la va a querer tocar.

(*) Periodista